Las condiciones habitacionales y el tipo de hábitat son manifestaciones, además de culturales, de las condiciones sociales –indicador de la ubicación en la estratificación social– y también de las condiciones de salud. La disponibilidad de servicios de agua –procedencia y distribución– y servicios sanitarios, está directamente vinculada al nivel de riesgo de adquirir ciertas enfermedades.

Tipo de vivienda, disponibilidad de servicios e infraestructura –agua potable, cloacas, electricidad– y régimen de tenencia, son dimensiones que dan cuenta claramente del nivel de condiciones de vida y del nivel de seguridad sobre el derecho humano a tener un albergue que promueva el desarrollo humano.

La situación habitacional en la región, según el tipo de vivienda que ocupan los pobladores, presenta elevados niveles de déficit. Andalgalá muestra en 1991 que la mitad de los hogares vive en viviendas deficitarias. Se incluyen las llamadas "casas B" (falta de agua por cañería dentro de la vivienda, y/o falta de retrete con descarga de agua y/o piso de tierra u otro material precario).

La situación de Belén y Santa María es aún peor, ya que dos tercios de los hogares viven en viviendas deficitarias.

Los datos marcan una gran distancia con las condiciones registradas en el departamento Capital, donde los valores se invierten. En esta jurisdicción, sólo uno de cada cuatro hogares está afectado por este problema.

Respecto a la disponibilidad de servicios, la Tabla siguiente indica, por un lado, que la cantidad de viviendas que cuentan con infraestructura de agua y cloacas es relativamente insignificante, excepto Belén, donde se registra la cifra más alta. La cobertura de agua es mucho más amplia, aunque no resulta despreciable el número de viviendas que no disponen ni de agua ni de cloaca.

En ese sentido, hay que destacar que en Belén, departamento donde la principal localidad tiene cloacas, poco más del 15% de las viviendas están bien servidas, mientras que en una situación intermedia se encuentran casi la mitad de las viviendas que tienen agua, aunque una parte de ellas carece del servicio de inodoro. Un 30% de las viviendas se encuentra en un estado muy desfavorable, pues no cuentan con ninguno de los dos servicios.

El 55% de las viviendas de Andalgalá y el 40% de las unidades habitacionales de Santa María están provistas de agua e inodoro. La presencia de estas dos condiciones (la tercera tiene una correlación directa con ellas), coloca a la vivienda "tipo casa" como no deficitaria.

Prácticamente la mitad de las viviendas ocupadas en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, disponen de agua corriente y cloaca; en el otro extremo se sitúa el departamento de Santa María, donde éstas últimas no existen.

En la provincia de Catamarca, sólo dos ciudades tienen servicio cloacal, San Fernando del Valle de Catamarca y Belén. La población servida representa el 30% del total provincial, quedando sin servicio el 70%.

La provincia cuenta con buena cobertura de agua potable, y no llega al 7% los que no cuentan con dicho servicio.

El porcentaje de viviendas del área de estudio, con provisión de electricidad, oscila alrededor del 70% en Belén y el 80% en Santa María, valores que también contrastan con los referidos a la Capital, donde prácticamente todas las viviendas tienen cobertura de dicho servicio.

Si para el análisis se separan las viviendas no deficitarias de las viviendas deficitarias, y se tratan como dos universos distintos, se observan diferencias significativas: prácticamente el 100% de las viviendas no deficitarias tienen electricidad, la mitad de las deficitarias en Belén y Andalgalá se encuentran en la misma situación y en Santa María la proporción es más elevada, pero igualmente un tercio de viviendas no disponen de electricidad.

El tipo de combustible utilizado para cocinar, muestra comportamientos claramente diferenciales en el área de estudio, respecto tanto de la Capital como de la provincia en general.

En esta última, cerca del 70% de los hogares emplea gas (envasado o en garrafas). En la Capital, casi todos los hogares usan este elemento, mientras que en los departamentos objeto de estudio, los hogares son proporcionalmente menores. En Santa María, el combustible más habitual es "leña o carbón", siendo utilizado uno de ellos por más de la mitad de los hogares.

Respecto al régimen de tenencia de la vivienda, la modalidad predominante es la de "propiedad", con más del 60% de los hogares bajo esa condición. Los hogares inquilinos son poco significativos en términos relativos, en tanto las formas irregulares de tenencia incluyen a quien sólo posee su vivienda y no el terreno donde se asienta. Los ocupantes por préstamo y los ocupantes de hecho, representan entre un 15% hasta el 18%. Estos valores merecen destacarse pues están indicando situaciones precarias en lo que hace al derecho a ese bien y a la estabilidad de las familias, cuya primera demanda social se transforma en el reclamo a la propiedad de la tierra sobre la que habitan.

Salud

Las condiciones de salud se miden a través de una serie de indicadores que reflejan el estado de desarrollo social y el grado de estratificación y homogeneidad. La tasa de mortalidad infantil, al igual que los datos sobre "esperanza de vida al nacer", como la presencia de enfermedades endémicas, aportan conocimiento sobre esta problemática.

En 1980, en Belén, poco menos del 50‰ de los niños nacidos vivos, murieron antes de cumplir el primer año de vida y, en Santa María, esa cifra se elevaba a casi el 65‰. En 1990/94/95 las cifras continúan siendo altas.

Las oscilaciones que se muestran a lo largo del período 1980-1995 indican, por un lado, las elevadas tasas de mortalidad aún existentes, que si bien han disminuido aún no alcanzan las metas que el Gobierno Nacional se ha propuesto en esta materia. Por otro lado pone en evidencia dificultades en los registros.

En la provincia se implementa el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) cuyo propósito es mantener la cobertura nacional de inmunizaciones en niveles superiores al 90% de las vacunas. Para alcanzarlo provee las vacunas y el control epidemiológico, como con el Programa Nacional de Control de la Enfermedad de Chagas. Este último, cuyas instituciones ejecutoras son los Ministerios de Salud provinciales, tienen como objetivo lograr para el año 2000 su eliminación total, por medio de acciones de control.

Para ello, desde el organismo nacional, se proveen los siguientes bienes y/o servicios: control y tratamiento de viviendas, control del suministro de sangre y transmisión madre-hijo; insecticidas y medicamentos. La población destinataria es la población NBI y la población rural.

En el período comprendido entre 1985 y 1992, las estadísticas de casos de enfermedades inmunoprevenibles muestran algunas particularidades en el área objeto de estudio. El 8,7% del total de los casos de Chagas se concentra en la zona.

El área concentra el 25% de los casos de tuberculosis registrados en la provincia. La difteria infantil representó para la zona el 24% del total de los casos.

Desatención:La población sin cobertura médica, en los tres departamentos, es prácticamente la mitad de la población total, como se observa en la siguiente Tabla. En su mayoría, corresponden a la obra social propia de los que trabajan en relación de dependencia en el grupo familiar.

Estos guarismos marcan, nuevamente, la distancia entre la Capital en primer lugar y la provincia, en el segundo.

Establecimientos Asistenciales: El departamento de Andalgalá cuenta con un establecimiento sanitario zonal, con asiento en esa ciudad. Este cuenta con servicio médico permanente, cubriendo clínica médica, cirugía, pediatría, tocoginecología, servicio básico para diagnóstico y tratamiento, análisis clínicos, anatomía patológica, hemoterapia, radiología y epidemiología. A este establecimiento se derivan los casos de mayor complejidad.

Existen, además, servicios provistos por clínicas privadas de nivel similar.

El departamento tiene un establecimiento Sanitario Seccional, localizado en El Alamito y otros periféricos en Amanao, Mina Capillitas, Villa Vil, Chaquiago, Choya, Malli y Huaco, El Potrero, Charquiadero, Alto de Las Juntas y El Espinillo.

En Malli y El Huaco funciona el Centro de Atención de Pediatría y Obstetricia donde se efectúan servicios de atención primaria y educación básica, mediante rondas domiciliarias en áreas prefijadas, atención en consultorio externo con un bajo número de camas de observación o internación de urgencia.

El departamento de Belén cuenta con 24 establecimientos sanitarios periféricos de enfermería, Categoría 0, que prestan servicios permanentes y visita médica periódica en las siguientes localidades: San Fernando, La Puntilla, Huaco, La Ciénaga, Las Cuevas, La Toma, Cóndor Huasi, Los Nacimientos de Abajo, Jacipunco, La Estancia, El Durazno, Las Juntas, Puerta de Corral Quemado, Artaza, Puerta de San José, Villa Vil, Laguna Blanca, El Eje, Londres Oeste, La Puerta, El Peñón, Antofalla, La Aguada, Barranca Larga y Agua Caliente.

También existen 3 establecimientos seccionales, Categoría 1. En éstos se realizan servicios de atención primaria y educación básica, mediante rondas domiciliarias en un área preestablecida, atención en consultorio externo y disponen, además, de un reducido número de camas de observación o para internación de urgencia. Los mencionados se encuentran ubicados en las localidades de Hualfín, Corral Quemado y Pozo de Piedra.

Existe un Establecimiento Distrital en la localidad de Londres. La ciudad de Belén cuenta con un establecimiento sanitario zonal, el cual presta servicios de cirugía médica, clínica médica, pediatría, ginecología, servicio básico para diagnóstico y tratamiento, radiología y epidemiología. De similares características también se cuenta en la ciudad con los servicios de dos sanatorios privados.

El Departamento de Santa María cuenta con un hospital del mismo nombre, nivel de complejidad III. Este establecimiento presta los siguientes servicios: cirugía, clínica médica, pediatría, tocoginecologia, servicio básico para diagnóstico y tratamiento, análisis clínicos, anatomía patológica, hemoterapia, radiología epidemiología y salud pública.

Establecimientos Sanitarios de Categoría 1: brindan atención primaria y educación sanitaria básica mediante rondas domiciliarias en un área preestablecida, atención indiferenciada en consultorio externo. Hay un establecimiento sanitario nivel A en Agua Amarilla y Establecimientos Sanitarios nivel B en Andalhuala, Entre Ríos, Punta de Balasto, Paloma Yaco, Famabalasto, Ovejería, San Antonio del Cajón, Toro Yaco, La Hoyada, Fuerte Quemado, El Puesto, Famatanca y Caspichango.

Santa María cuenta con los siguientes establecimientos privados: Sanatorio Santa Rita y Clínica Integral Santa María. Con catorce camas y diez camas respectivamente.

El nivel educativo de la población es un atributo que da cuenta de las capacidades para su inserción laboral, la ductilidad para adecuarse a nuevos requerimientos del mercado de trabajo, y es también un indicador de las condiciones sociales de las personas y de su nivel de inclusión en la sociedad.

El analfabetismo –sea porque nunca se asistió a una institución educativa o porque se perdieron los conocimientos alcanzados en ella por desuso–, es un fuerte componente de exclusión social y una gran limitación de acceso al trabajo aunque sea de escasa calificación.

El índice de dependencia en el departamento de Belén, muestra el mayor peso de niños. Por otro lado, es el que tiene mayor proporción de población analfabeta en la edad en que ya deberían saber leer y escribir. Duplica los valores provinciales y es cuatro veces mayor que la situación registrada en la ciudad de San Fernando de Catamarca.

Si la lectura se hace por género, existen más analfabetas mujeres que varones, situación más acentuada también en Belén, aunque Santa María tiene un comportamiento similar.

Aunque estos datos resultan preocupantes, hay que destacar que la evolución producida en los 10 años que corresponden al período intercensal 80/91, ha sido favorable a nivel provincial con la reducción del analfabetismo prácticamente a la mitad.

En busca de una mejor comprensión de este fenómeno, la Tabla siguiente permite observar la situación, según edad, para lo cual se trabajó con tramos de 10 años.

El comportamiento según tramo de edades sigue una tendencia histórica –más allá de los significativos valores de analfabetismo que se registran en estos departamentos– que es: cuanto mayor es la edad de las personas, existen más posibilidades de no haber accedido a la educación mínima.

Si se toma en consideración la población que no asiste, pero asistió, a algún establecimiento educativo, según nivel de educación alcanzado, se observa que, en los tres departamentos, más del 70% de la población alcanzó sólo el nivel primario y un poco más del 30% no concluyó el primer ciclo.

Quienes llegaron al nivel secundario representan un 20% y la mitad de ellos no lo completó. El paso por instituciones de nivel terciario y/o universitario carece totalmente de relevancia en términos relativos.

Las cifras de la Capital reflejan una distribución diferente respecto al acceso y permanencia en el sistema educativo, dado que un 40% de la población pasó por establecimientos educativos de nivel medio (la mitad concluyó la escuela secundaria) y menos del 15% ingresó a un establecimiento de nivel superior, aunque se registren también porcentajes que indican deserciones.

Situación del Sistema Educativo. 1994

El nivel primario concentra, al momento del Censo Docente del 94, entre el 60% y el 70% de la matrícula, entre el 55% y poco más del 65% de las unidades educativas y entre el casi el 50% y el 53% de los docentes, lo que indicaría una distribución bastante pareja de los recursos.

Tanto en el nivel medio como en el superior no universitario, la relación es más desigual; en este último caso la presencia de inscriptos en dicho ciclo no supera el 7% de la matrícula, y en la distribución de docentes los valores oscilan entre el 8% y el 17%.

Antes de ingresar en el análisis del estado del empleo y seguridad social, definiremos algunos conceptos que contribuirán a comprender los datos que se exponen. El primer concepto es la población en condiciones de trabajar. La misma está constituida por aquellos individuos que, de acuerdo a la legislación vigente, pueden desarrollar actividades laborales. De este universo surgen los conceptos de población económicamente activa (PEA) y población económicamente inactiva o no PEA. La PEA está conformada a su vez por la población ocupada y los desocupados, éstos últimos con el siguiente atributo adicional: deben buscar activamente un trabajo. Finalmente, la no PEA son aquellos individuos que no pertenecen a la fuerza de trabajo.

En los departamentos que abarca la región bajo estudio, la población económica activa oscila entre el 57% y el 60% de la población en condiciones de trabajar (tramo de 15 a 64 años). Todos los departamentos superan el promedio provincial y el promedio del departamento Capital.

El peso de la desocupación, dentro de la PEA, es insignificante y se aproxima a los valores de desempleo provincial. No ocurre lo mismo con la proporción de ocupados existente en los departamentos del área de estudio, que supera los porcentajes prevalecientes tanto a nivel provincial como los correspondientes al departamento Capital. Sin embargo, debe tenerse presente que los datos referidos a ocupación y desocupación corresponden al año 1991 y que, producto de la coyuntura del país y de las economías regionales en particular, pueden haber sufrido alteraciones considerables, que los registros sistemáticos no alcanzan a captar por tratarse de localidades de pequeña o mediana envergadura.

Si bien la mayoría de los ocupados trabajan en relación de dependencia, hay que destacar una modalidad propia de las áreas rurales, que se presenta como "trabajador familiar". Tanto en Belén como en Santa María, alrededor del 16% de quienes trabajan lo hacen de esta forma, cifra que supera ampliamente la realidad provincial y del departamento Capital y aún al departamento de Andalgalá próximo a ellos.

En los departamentos analizados, el principal empleador es el Sector Público, con participaciones que oscilan entre el 50% y casi el 75%, registrándose este último dato en la localidad de Belén. El sector público mantiene el carácter de principal empleador, absorbiendo la oferta excedente de mano de obra, como atenuante del proceso de deterioro económico, en que se halla inmersa la provincia, y ante la falta de oportunidades de inserción en el mercado laboral de sus habitantes.

Sin embargo, se destaca el departamento de Andalgalá, por detentar porcentajes similares de empleo público y privado, que estaría reflejando una realidad distinta a las demás jurisdicciones. En Andalgalá, se ubica el 10% del total de establecimientos industriales de la provincia.

En cuanto a Seguridad Social, el análisis del sistema de previsión social abarca dos aspectos: la población cubierta con algún tipo de beneficio y la realización de los descuentos correspondientes a los trabajadores y empleados en relación de dependencia.

En los departamentos del área bajo estudio, los empleadores que efectúan descuentos jubilatorios oscilan entre el 60% y el 80%. La extensión del empleo público es el factor determinante para que al conjunto de empleados se les realizen descuentos jubilatorios en proporciones elevadas. De acuerdo a éstas cifras, se evidencia el menor cumplimiento en el departamento de Andalgalá, con menor número de empleados públicos. De todas maneras es notorio, en el ámbito privado, el incumplimiento de la legislación laboral referida a los aportes previsionales, que en promedio supera el 65%.

Para el servicio doméstico, el descuento de aportes previsionales es casi inexistente, no así en el caso del Estado, donde el cumplimiento para todos los departamentos es similar y abarca la mayoría de los casos.

En 1991 la población de Catamarca con Necesidades Básicas Insatisfechas ascendía al 28%, valor superior a la media del país (19,3%).

Belén es uno de los departamentos de la provincia que, junto a la Capital y La Paz, concentran - en números absolutos - la mayor cantidad de pobres. En términos relativos el valor más alto de los departamentos de la región le corresponde a Belén, en segundo lugar se ubica Andalgalá y finalmente Santa María.

Todos los departamentos superan el porcentaje del departamento Capital que es del 19,5%.

La Tabla siguiente también muestra porcentajes significativos en todas las localidades, pero, asimismo, da cuenta de la heterogeneidad de situaciones.

Cuando estas mediciones se diferencian por áreas urbanas y rurales, el promedio de población con NBI es mucho mayor en esta última categoría. Así para Andalgalá el 36% de la población urbana es NBI y en el área rural la cifra alcanza el 55%. Para Belén los porcentajes son de 33% y 60% respectivamente. En Santa María la población NBI es el 23% en la zona urbana y el 50% en la rural.

Se observan particularmente los indicadores 1 (hacinamiento) y 4 (no asistencia escolar de niños en edad de hacerlo) ya que los dos restantes han sido suficientemente analizados en el capítulo de vivienda.

Con respecto al indicador "hacinamiento", podemos observar que la localidad de Andalgalá concentra poco más del 54% de los pobladores en esas condiciones.

Para el segundo indicador el departamento representa el 14% de la población en edad escolar. En la ciudad de Andalgalá (el centro más poblado) se registra el 6% del total de la población en edad escolar.

En la población dispersa se concentra el 58% de los casos de no asistencia, lo que estaría mostrando la carencia de recursos de estos pobladores para poder acceder a la educación. Esta misma relación, se ve en el municipio de Aconquija.

Con respecto al primer indicador, podemos observar que el 17% de la población del departamento de Belén vive en condiciones de hacinamiento. El 55% de la población en estas condiciones corresponde a ciudades y pueblos del departamento.

La ciudad de Belén concentra el 30% del total de población hacinada. En el resto de los municipios es más importante la presencia del indicador en la población dispersa, lo que estaría indicando la mayor pobreza y precariedad de la vivienda en el ámbito rural.

El otro indicador, no asistencia a la escuela en edad escolar, representa el 18% de la población total en ese tramo de edad, cifra por demás importante. Del total de los niños que no registran asistencia, el 63% corresponde a la población dispersa. Los municipios en los cuales el problema abarca mayor cantidad de casos son Corral Quemado y Villa Vil, dentro de la categoría población dispersa.

En la ciudad de Belén se concentra un número importante de "no asistentes" que representa el 7% del total de la población en edad escolar.

Del total casos de hacinamiento de la población, el 83,4% corresponde a ciudades y pueblos. Sólo la ciudad de Santa María concentra el 34%. Otras localidades en las cuales tiene importancia el número de pobladores en estas condiciones son: Lampacito, Chañar Punco y Loro Huasi, todos del Municipio de Santa María. No parece ser significativo el tema dentro de la población dispersa, a diferencia de los otros departamentos.

Las localidades de Famatanca, San José Villa, San José Norte y Andalgalá son las que nuclean el mayor porcentaje de pobladores en condiciones de hacinamiento.

Del análisis de la no asistencia a la escuela en edad escolar, se registra en la zona el 9% de la población en edad escolar no asistente. Estas cifras son algo menores a las de Andalgalá y Belén.

En la ciudad de Santa María se registra un 5% de la población en edad escolar no concurrente. Las localidades de Chañar Punco y El Cajón tienen cifras muy importantes en relación al total de su población. El 37% de los casos pertenece a población dispersa, lo que volvería a mostrar carencia de recursos o medios para cumplir con la asistencia a la escuela.

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